Ciudad sin inventario del espacio verde público. Sin datos claros, la ciudad pierde capacidad de planeación sostenible

Por: Juan Carlos López Torrero

Para cualquier empresa, mantener información actualizada y un inventario preciso de activos como inmuebles, maquinaria y equipo es clave para conocer sus recursos, tomar mejores decisiones y enfrentar desafíos.

En las instituciones públicas ocurre algo similar. Los activos inmobiliarios son los bienes mediante los cuales el Estado garantiza derechos ciudadanos: escuelas, centros de salud, estaciones de policía y áreas verdes como parte del espacio público.

Frente al cambio climático, el aumento de temperaturas urbanas, la sequía recurrente, la contaminación del aire y el déficit de áreas verdes por habitante, surge una pregunta clave: ¿existe un inventario del espacio verde público? La respuesta es no.

Para dimensionar el problema, el análisis de Navarro y López Torrero (2023), con datos de Parques y Jardines de Hermosillo (2020), revisó 799 plazas de 1,020 bienes mediante fotointerpretación satelital. De 2.9 millones de m², solo 1.7 millones corresponden realmente a parques por sus condiciones físicas.

Un inventario transparente de áreas verdes beneficiaría a autoridades y sociedad civil. La planeación urbana requiere datos confiables para construir indicadores y ordenar el territorio con mayor precisión.

El caso del centro deportivo El Cárcamo ilustra el problema. Un intento de enajenación generó protestas, pero el predio provenía de un embargo y nunca fue incorporado formalmente al patrimonio municipal.

La ciudadanía lo usó como espacio público y el municipio intervino de facto, generando confusión sobre su estatus jurídico. Este tipo de casos evidencian la falta de certeza en el patrimonio urbano.

Otro vacío de información para la población son los predios públicos baldíos que podrían destinarse a espacio verde por su uso de suelo compatible y ser habilitados por la comunidad. Sin embargo, su identificación y disponibilidad no siempre son claras.

La falta de claridad limita la planeación urbana y puede desalentar la participación ciudadana cuando los litigios favorecen a los propietarios legales. Por ello, el inventario debe construirse con enfoque técnico y participación ciudadana.

Este proceso implica depurar información sobre uso de suelo, propietarios, superficies y claves catastrales. Ante recursos limitados, el municipio debe fungir como articulador de una agenda de datos urbanos.

Una ciudad no puede planear, proteger ni mejorar aquello que no conoce con certeza.

El autor es Doctor por El Colegio de Sonora, especialista en políticas públicas; experiencia en valuación de bienes públicos (INDAABIN), vocal del IMPLAN e integrante de la Red Hermosillo ¿Cómo Vamos?

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