Para cualquier empresa, mantener información actualizada y un inventario preciso de activos como inmuebles, maquinaria y equipo es clave para conocer sus recursos, tomar mejores decisiones y enfrentar desafíos. En las instituciones públicas ocurre algo similar.
Durante décadas, el desarrollo económico ha sido presentado como una especie de fórmula técnica basada en construir infraestructura, atraer inversiones, incrementar la productividad o estimular el consumo. Gobiernos locales, estatales y nacionales suelen anunciar proyectos económicos con fuertes impactos territoriales, bajo la promesa de detonar el crecimiento, empleo y prosperidad.
En muchas ciudades de nuestro país, y particularmente en las medias y pequeñas, el discurso sobre cómo debe desarrollarse la ciudad ha estado dominado casi exclusivamente por la figura del arquitecto. Se les consulta sobre planes de desarrollo urbano, sobre el uso del suelo, sobre el espacio público, sobre la movilidad, y muchas veces, se considera que su voz es la más autorizada para opinar sobre el rumbo urbano.
