Mejora Regulatoria a Nivel Subnacional

Por: Pablo Wong-González

Durante las últimas dos décadas, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ha venido impulsando acciones a nivel internacional tendientes a la conformación de entornos económicos y administrativos más eficientes y competitivos (www.oecd.org). Una de estas acciones es el programa de mejora regulatoria. De acuerdo con esta organización, el objetivo de la política regulatoria es asegurar que las regulaciones sean de interés público, que estén justificadas, que sus beneficios sean mayores a los costos que incurran y que cumplan con su objetivo de política pública de manera efectiva y eficiente. Complementariamente, a través de esta política se intenta apoyar el crecimiento económico, así como la consecución de objetivos más amplios para la sociedad como la protección social, la sustentabilidad ambiental y la consolidación del Estado de derecho. Como parte integral de la gestión pública eficaz, la política regulatoria también ayuda a dar forma a la relación entre el Estado, las empresas y la sociedad civil. Por lo anterior, la OCDE plantea que el desarrollo de una política regulatoria ha reemplazado conceptos previos como el de “desregulación”, por la idea de una “gobernanza regulatoria”.

Si bien el trabajo de la OCDE en el tema de mejora regulatoria se ha focalizado fundamentalmente en políticas e instituciones nacionales, también ha reconocido que, además de una perspectiva transversal, la mejora del ambiente regulatorio para empresas y ciudadanía requiere de innovaciones, inversiones e implementación de buenas prácticas a nivel subnacional; esto es, a nivel estatal y municipal en el caso de México. Mejorar la calidad regulatoria en los diferentes niveles de gobierno es uno de los retos que enfrentan la mayoría de los países, México entre ellos, para crear incentivos para la actividad económica.

La OCDE sugiere que las políticas regulatorias a nivel subnacional deben tener los siguientes objetivos: a) Incrementar el bienestar social permitiendo, con el paso del tiempo, un mejor balance de las políticas económicas y sociales; b) Estimular el desarrollo económico y el bienestar del consumidor, alentando la innovación, la competencia y la entrada al mercado, y promoviendo así la competitividad; c) Controlar los costos regulatorios a nivel local para mejorar la eficiencia productiva mediante la reducción de costos innecesarios, en particular para las PyMEs; d) Mejorar la eficacia y eficiencia del sector público a nivel subnacional a través de reformas a la gestión pública; e) Organizar y replantear leyes locales; y, f) Mejorar el estado de derecho y la democracia a través de reformas jurídicas, incluido un mejor acceso a la regulación y la reducción de la discreción excesiva de reguladores y encargados de hacer cumplir las leyes.

Desde una perspectiva más amplia se reconoce que la calidad regulatoria subnacional es relevante debido a que existe una fuerte influencia regional en la capacidad de un país para la atracción de inversión y la creación de empleos. Algunas de estas políticas que fortalecen la competitividad local-regional tienen que ver con la promoción del emprendimiento, el apoyo a las PyMEs y el desarrollo de clusters.

Para abordar algunos de estos retos y potencialidades, hace alrededor de una década las OCDE y el gobierno mexicano establecieron un acuerdo de cooperación en materia de mejora regulatoria competencia económica. Uno de los componentes de este acuerdo y programa fue el diseño de una agenda regulatoria “multi-nivel”. Aunque en la mayoría de las entidades federativas del país cuentan con leyes, departamentos o comisiones dedicados específicamente a la mejora regulatoria, el nivel de sus políticas en la materia no es uniforme, presentándose grandes áreas de oportunidad. Resultado del análisis y revisiones de la OCDE sobre reforma regulatoria en México, se llegó a las siguientes conclusiones:

  • El apoyo político, desde los niveles más altos, es crítico para el desarrollo e implementación de una política de mejora regulatoria.
    • La participación de actores empresariales y sociales en la mejora regulatoria crea incentivos para que los gobiernos subnacionales la mantengan como una prioridad, a pesar de los cambios de administración.
    • Existen diferentes formas de organizar las entidades líderes de la mejora regulatoria. En los estados mexicanos las más frecuentes son una unidad dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico o una comisión descentralizada.
    • Las políticas de mejora regulatoria no tienen que ser costosas. Existen estrategias para aprovechar los recursos disponibles y minimizar los impactos presupuestales, evitando crear burocracias excesivas.
    • La simplificación administrativa y las herramientas de gobierno electrónico son muy efectivas en la reducción de cargas regulatorias y costos de trámites. Cuando se emplea alguna metodología de medición de los costos regulatorios, se puede dar un seguimiento puntual a los avances con transparencia y rendición de cuentas.
    • Las herramientas de gobierno electrónico facilitan diferentes elementos de la política regulatoria, como son la administración de datos e información, la consulta, la coordinación multi-nivel, la simplificación y la prevención de la corrupción.
    • Dado que los gobiernos subnacionales tienen amplias atribuciones en inspección y cumplimiento de las regulaciones, se deben aplicar herramientas que faciliten el cumplimiento y establezcan criterios claros y transparentes para las inspecciones.
    • Así como es importante controlar el flujo regulatorio, también resulta muy trascendente revisar y evaluar periódicamente el inventario de regulaciones para garantizar que las normas cumplen con los objetivos para las que fueron planteadas.
    • Existen sinergias destacables entre la mejora regulatoria y otras políticas de promoción de la competitividad.

    Bajo el contexto anterior, Hermosillo ¿Cómo Vamos? acaba de lanzar el programa Coalición Ciudadana para la Mejora Regulatoria en Sonora. Su objetivo es promover, desde un conjunto articulado de organizaciones de la sociedad civil y cámaras empresariales, la implementación de acciones y programas de política pública que contribuyan a la Mejora Regulatoria en los niveles de gobierno municipal y estatal. Con ello se espera contribuir a un entorno más favorable para los negocios, la inversión y el crecimiento sustentable de la región. 

    El autor es Profesor-Investigador Titular de la Coordinación de Desarrollo Regional del CIAD.

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