Regular mejor para crecer: la lección OCDE 2026

Por: Ernesto A. Martínez Nieves

En un momento en el que la economía global enfrenta incertidumbre, inflación persistente y tensiones geopolíticas, el informe “Foundations for Growth and Competitiveness 2026” de la OCDE introduce una afirmación que merece toda nuestra atención: el problema del crecimiento económico no es coyuntural, es estructural.

Durante años, el debate público ha girado en torno a factores externos: ciclos económicos, crisis sanitarias o shocks internacionales. Sin embargo, la evidencia más reciente apunta en otra dirección. Las economías, incluyendo las más desarrolladas, están creciendo menos no por falta de estímulos, sino por debilidades en sus fundamentos.

El diagnóstico es claro: menor productividad, menor dinamismo empresarial, debilidad en el capital humano y una baja difusión tecnológica. Pero detrás de estos factores existe un elemento transversal que explica gran parte del problema: la calidad de la regulación.

La OCDE es contundente al respecto: la regulación no es un elemento neutral en la economía. Bien diseñada, puede fomentar la inversión, la innovación y la competencia. Mal diseñada, se convierte en una barrera que frena el crecimiento.

Aquí es donde el concepto de Product Market Regulación (PMR) adquiere relevancia. En términos simples, el PMR mide qué tan fácil o difícil es para una empresa operar en un mercado. Incluye desde trámites y permisos hasta barreras de entrada, regulación de precios o participación del Estado en sectores económicos.

Cuando el PMR es alto, es decir, cuando hay exceso de trámites, reglas complejas y barreras innecesarias, el resultado es predecible: menos competencia, menor inversión y una caída en la innovación. En otras palabras, economías menos dinámicas.

Este no es un tema abstracto ni lejano. Es una realidad cotidiana para miles de empresarios en México y, particularmente, en Sonora. Abrir un negocio, cumplir con requisitos regulatorios, enfrentar inspecciones o gestionar permisos puede convertirse en un proceso largo, costoso e incierto.

La consecuencia no solo es un problema para el empresario individual. Es un problema para toda la economía. Cada trámite innecesario, cada duplicidad institucional, cada criterio discrecional representa tiempo, dinero y energía que no se destinan a producir, invertir o innovar.

Por eso, uno de los hallazgos más importantes del informe OCDE 2026 es que más del 30% de los obstáculos al crecimiento se concentran en dos áreas: la regulación de mercados y el capital humano. Es decir, en las reglas del juego y en la capacidad de las personas para competir en ese juego.

Este punto es fundamental. No basta con mejorar la regulación si no se cuenta con talento preparado. Pero tampoco sirve tener capital humano de calidad si las reglas impiden que ese talento se despliegue en condiciones de competencia.

La OCDE introduce aquí un concepto clave: la complementariedad de las reformas. Las políticas públicas no funcionan de manera aislada. Su impacto depende de cómo interactúan entre sí.

Una regulación eficiente necesita de un mercado competitivo. Un mercado competitivo necesita capital humano. Y el capital humano requiere de un entorno donde la inversión y la innovación sean posibles. Cuando estas piezas se alinean, el impacto en el crecimiento es significativo. Cuando no, los resultados son limitados.

En este contexto, surge una oportunidad que podría redefinir la productividad en los próximos años: la inteligencia artificial. La OCDE estima que su adopción podría incrementar la productividad entre 0.5% y 1.3% anual. No obstante, este potencial no está garantizado.

Para que la inteligencia artificial genere beneficios amplios, se requieren tres condiciones: regulación eficiente, infraestructura digital adecuada y capital humano capacitado. Sin estos elementos, la tecnología solo beneficiará a unos cuantos, ampliando brechas en lugar de cerrarlas.

Esto nos lleva a una reflexión inevitable: la competitividad no se construye únicamente con inversión o innovación. Se construye, en gran medida, con reglas claras, simples y funcionales.

En México hemos avanzado en digitalización de trámites, pero la digitalización por sí sola no es simplificación. Digitalizar un proceso complejo solo lo hace más rápido, pero no necesariamente más eficiente. El verdadero reto es rediseñar los procesos desde su origen, eliminando pasos innecesarios y reduciendo cargas administrativas.

En el caso de Sonora, el desafío es particularmente relevante. El estado tiene un potencial importante en sectores estratégicos, pero enfrenta barreras regulatorias que limitan su desarrollo. Trámites secuenciales, inspecciones desarticuladas y criterios poco homogéneos generan incertidumbre y costos adicionales.

Superar estas barreras requiere un cambio de enfoque. No se trata de eliminar la regulación, sino de mejorarla. Regular mejor implica entender el impacto real de las normas, escuchar al sector productivo y medir la experiencia del usuario final: el empresario.

En este sentido, herramientas como el Indicador de Simplificación Real (ISR) pueden jugar un papel clave. Medir la brecha entre lo que dice la regulación y lo que ocurre en la práctica permite identificar con precisión dónde están los problemas y cómo resolverlos.

El objetivo no es señalar fallas, sino mejorar procesos. Como bien lo resume el principio que guía este enfoque: medimos para mejorar, no para señalar.

La evidencia internacional es clara. Los países que han logrado mejorar su competitividad no necesariamente son los que tienen menos regulación, sino los que tienen mejor regulación. Es decir, reglas que protegen el interés público sin generar cargas innecesarias.

Hoy, más que nunca, Sonora tiene la oportunidad de avanzar en esa dirección. La clave está en construir una agenda de simplificación regulatoria que sea técnica, medible y orientada a resultados.

Porque al final del día, el crecimiento económico no depende únicamente de factores externos. Depende, en gran medida, de las decisiones que tomamos como sociedad para definir cómo queremos que funcione nuestra economía.

Y en ese camino, la calidad de nuestras reglas será determinante.

El autor es Contador Público, Presidente del Laboratorio de Buenas Prácticas Regulatorias, AC. Microempresario sonorense del sector comercio, ex Comisionado Estatal de Mejora Regulatoria (2015-2021), Presidente Comisión Mejora Regulatoria COPARMEX Zona Norte, Coordinador de la Mesa Mejora Regulatoria Consejo INCIDE y Miembro de la RED HCV.

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