Gobernabilidad: Cultura del Soborno vs. Exigencia de Transparencia

Por: José Fidel Ramírez Jiménez

Introducción

La gobernabilidad municipal en México enfrenta una tensión estructural: una cultura del soborno profundamente arraigada frente a una ciudadanía cada vez más exigente en materia de transparencia y rendición de cuentas. Los ayuntamientos, por ser el nivel de gobierno más cercano a la población, concentran buena parte de los trámites, permisos y servicios cotidianos, lo que los convierte también en el espacio donde con mayor frecuencia se experimenta la corrupción de baja escala, conocida popularmente como la “mordida”.

Una práctica que no cede

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), con base en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI, la victimización por corrupción en trámites municipales alcanzó 16.5% en 2023, su nivel más alto desde 2013. El propio INEGI reporta que 83% de la población consideró en 2023 que la corrupción es un problema “frecuente o muy frecuente”, proporción que subió a 84% en 2025, el primer repunte registrado desde 2017.

El costo económico también aumentó: el IMCO documentó que en 2025 el gasto promedio por soborno alcanzó 5,432 pesos por persona, 15% más que en 2023 y el nivel más alto en una década, con 6.9 millones de víctimas y un costo agregado cercano a 25 mil millones de pesos.

En el plano internacional, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional ubicó a México en el lugar 140 de 180 países en 2024 —su peor calificación en más de una década— y en el lugar 141 en 2025, con una leve mejora de un punto. Michoacán, Baja California y la Ciudad de México registran las percepciones más altas de corrupción del país.

Exigencia ciudadana en ascenso

Frente a este panorama, la exigencia social de transparencia ha crecido de forma sostenida. Organizaciones como Transparencia Mexicana, México Evalúa y el propio IMCO han impulsado observatorios ciudadanos, índices de gobierno abierto y plataformas de datos que documentan avances desiguales entre ayuntamientos. Cada vez más municipios publican presupuestos, contratos y declaraciones patrimoniales en portales de transparencia, aunque el cumplimiento sigue siendo heterogéneo: mientras algunas capitales y zonas metropolitanas destacan por sus sistemas de gobierno abierto, la mayoría de los más de 2,400 municipios del país carece de capacidades técnicas y presupuestales para sostener esquemas robustos de fiscalización.

Aspectos críticos

Persisten fallas estructurales que explican el estancamiento: la discrecionalidad en las compras públicas municipales —que el Índice de Riesgos de Corrupción del IMCO identifica como fuente recurrente de riesgo por adjudicaciones directas sin justificación—; la debilidad de los órganos internos de control, con escasa autonomía frente a los cabildos; la impunidad, pues los casos de corrupción rara vez derivan en sanciones efectivas; y la opacidad en el uso de recursos federales transferidos a los municipios, uno de los rubros con menor fiscalización a nivel local. A esto se suma un fenómeno más reciente y preocupante: la infiltración del crimen organizado en la contratación pública, señalada por Transparencia Internacional como una nueva expresión de corrupción que exige capacidades estatales reforzadas.

Rutas propositivas

• Digitalizar trámites y pagos municipales para reducir el contacto directo entre ciudadanos y servidores públicos, disminuyendo el margen para la extorsión informal.

• Blindar las compras públicas con criterios de competencia y publicidad, evitando adjudicaciones directas injustificadas.

• Fortalecer contralorías municipales con autonomía técnica y presupuestal real.

• Vincular la asignación de recursos federales al cumplimiento de estándares de transparencia verificables.

• Promover contralorías sociales y plataformas de denuncia con seguimiento público.

• Aplicar sanciones efectivas y visibles que rompan la percepción de impunidad.

Conclusión

La evidencia de los últimos cinco años muestra un contraste que no puede ignorarse: mientras la exigencia ciudadana de transparencia se ha fortalecido mediante índices, observatorios y mayor escrutinio mediático, la cultura del soborno en los gobiernos municipales no solo persiste, sino que en varios indicadores se ha profundizado. Cerrar esta brecha no depende únicamente de nuevas leyes o mediciones, sino de voluntad política local, digitalización efectiva y controles ciudadanos permanentes. La gobernabilidad municipal del futuro dependerá de la capacidad de los ayuntamientos para transformar la exigencia social en resultados verificables, y no solo en discurso.

El autor es Contador Público Certificado. Director de AFG Consultoría de Negocios. Expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Sonora. Integrante de la Red HCV.

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