En América Latina solemos hablar constantemente sobre la necesidad de apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Gobiernos, cámaras empresariales, universidades y organismos internacionales coinciden en que las pymes representan el corazón del tejido económico, generan empleo, sostienen cadenas productivas y mantienen viva la actividad comercial de miles de ciudades.
La lucha contra el lavado de dinero (LD) y el financiamiento al terrorismo (FT) en México constituye un proceso complejo y evolutivo, marcado por la intersección entre crimen organizado, fragilidades institucionales tempranas y presiones internacionales. A diferencia de otras jurisdicciones donde el FT emergió como prioridad tras eventos como el 11-S, en México los esfuerzos iniciales se articularon reactivamente frente al avance del crimen organizado y su capacidad para infiltrar sistemas económicos.
