Hermosillo, una ciudad fragmentada

Por: Juan Carlos López Torrero

Si recorremos Hermosillo a pie, en línea recta, desde el Parque Infantil hasta la parroquia de San Antonio, en la calle Sahuaripa, habremos caminado aproximadamente tres kilómetros. Durante el trayecto encontraremos el Parque Madero, el parque El Mundito, la Plaza Zaragoza, el camellón del bulevar Hidalgo y, finalmente, el área verde de la parroquia de San Antonio. Pero ¿qué sucede si intentamos caminar desde Mall Galerías hasta Ley Vado del Río, por la zona del vado? Aunque la distancia es menor (dos kilómetros), la sensación térmica es distinta. Paradójicamente, el recorrido más corto resulta más adverso para el peatón, a pesar de que ambos trayectos se encuentran en zonas relativamente cercanas de la misma ciudad.

Este ejemplo ilustra dos modelos urbanos muy distintos. El primero, correspondiente al trazado antiguo de Hermosillo, permite suponer que, cuando se configuró, una mayor proporción de la población se desplazaba a pie, pues el uso del automóvil era menos extendido. El segundo, diseñado y construido a finales del siglo XX, favorece la circulación de un mayor volumen de vehículos, pero reduce las condiciones necesarias para promover los desplazamientos peatonales.

Consideremos otro ejemplo. Supongamos que necesitamos entregar un paquete a una persona que está por salir de viaje. Si nos encontramos en el centro, podemos acordar un punto de encuentro en la Plaza de los Cien Años, el Jardín Juárez, el Parque Madero o La Milla de la Universidad de Sonora. En cambio, si estamos en zonas como los bulevares Camino del Seri, Quiroga, Colosio o Morelos, es más probable que acordemos encontrarnos en el estacionamiento de algún establecimiento. Es decir, conforme nos alejamos del centro, parece reducirse también la presencia de espacios verdes públicos que puedan funcionar como puntos de encuentro y convivencia.

El reto de las ciudades del siglo XXI consiste en gestionar infraestructuras urbanas sostenibles y encontrar un equilibrio entre las áreas verdes y el espacio edificado. Esto implica no solo garantizar su construcción, sino también asegurar su mantenimiento y disponer de los recursos económicos e hídricos necesarios para conservarlas. Sin embargo, los marcos normativos actuales responden a paradigmas urbanos anteriores y no siempre permiten atender las necesidades de las ciudades contemporáneas.

Por ejemplo, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora (núm. 283) obliga a los desarrolladores privados a destinar el 5 % del área vendible de sus proyectos a áreas verdes. Entre 1985 y 2020, el porcentaje de cesión de suelo se mantuvo en 3 %, mientras que la población del estado pasó de aproximadamente 1.5 millones de habitantes en 1980 a 2.9 millones en 2020, es decir, casi se duplicó. Fue mediante el Decreto 144 que se incrementó el porcentaje de cesión de 3 a 5 %, como se establece actualmente.

Aunque este criterio contribuye a la dotación de áreas verdes, limita su alcance a los desarrollos habitacionales. En consecuencia, los espacios resultantes suelen atender las necesidades de los habitantes de cada fraccionamiento, pero no integran a una red de espacios públicos que conecte distintas zonas de la ciudad.

Así, Hermosillo ha configurado una estructura urbana fragmentada, en la que coexisten bulevares diseñados para el tránsito rápido, con escasos espacios verdes útiles para los peatones, y parques ubicados al interior de fraccionamientos con acceso controlado. A esto se suma que ciertos proyectos privados de carácter urbano quedan fuera de las obligaciones de cesión de áreas verdes, aun cuando su extensión e impacto sean comparables a los de un fraccionamiento habitacional.

El reto de las ciudades de Sonora en el siglo XXI es contar con una legislación estatal que deje de limitar la dotación de áreas verdes a los fraccionamientos habitacionales y establezca obligaciones para todo proyecto con impacto urbano. Las áreas verdes no cumplen únicamente una función recreativa en los fraccionamientos; también son infraestructuras necesarias para facilitar los desplazamientos peatonales, regular la temperatura urbana y reducir la exposición de la población a los golpes de calor.

Si bien existen disposiciones municipales en la materia, el déficit de áreas verdes urbanas persiste en las ciudades de Sonora. Esto se debe, en parte, a que su desarrollo está condicionado por marcos normativos estatales que no contemplan todos los proyectos con capacidad de modificar las condiciones térmicas de la ciudad ni les exigen medidas suficientes para compensar sus impactos.

Las cifras de crecimiento urbano ilustran la magnitud del desafío. Entre 1980 y 2020, la mancha urbana de Hermosillo creció 273 %, mientras que la disponibilidad de áreas verdes por habitante (AVH) se estima entre 1.96 y 6.2 m². Por su parte, Ciudad Obregón registró un crecimiento urbano de 183 % entre 1973 y 2015, con apenas 4 m² de AVH, mientras que Nogales creció 284 % entre 1993 y 2013, con una disponibilidad estimada de 3 m² de AVH.

Estas cifras muestran que las ciudades sonorenses se expanden de manera acelerada y extensiva, sin contar con una normatividad suficientemente actualizada que promueva redes de áreas verdes capaces de conectar las rutas peatonales y los espacios públicos de sus distintas zonas. El desafío, por tanto, no consiste únicamente en construir más parques dentro de los fraccionamientos, sino en establecer obligaciones para que todos los proyectos con impacto urbano contribuyan a la creación y el mantenimiento de áreas verdes que, en conjunto, funcionen como una infraestructura capaz de interconectar la ciudad.

El autor es Doctor por El Colegio de Sonora, especialista en políticas públicas; experiencia en valuación de bienes públicos (INDAABIN), vocal del IMPLAN e integrante de la Red Hermosillo ¿Cómo Vamos?

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