Me gustaría compartir con ustedes la experiencia y aprendizaje de una agenda que el pasado mes de octubre se celebró en la Ciudad de México, un gran evento que promueve la cooperación y el intercambio de buenas prácticas regulatorias en los países de Iberoamérica y del Caribe.
Del 11 al 22 de noviembre se estará llevando a cabo la 29 conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático o COP29, en la ciudad de Bakú, capital de Azerbaiyán. Desde 1995 y de forma ininterrumpida (con excepción del 2020 por motivo de la pandemia de COVID-19), se han organizado estas reuniones en diferentes países para evaluar los avances globales en el combate al cambio climático y proponer políticas que contribuyan a controlar y mitigar sus efectos.
Como tendencia general, y a pesar de su reciente desaceleración, el proceso de globalización ha intensificado la interdependencia económica de los países, derivada del constante cambio e innovación tecnológicas, virtualización y digitalización. Esta evolución de la economía mundial ha acrecentado el flujo transfronterizo de bienes, servicios, personas y recursos financieros, lo cual ha puesto a prueba la eficacia y la capacidad de los marcos regulatorios locales.
El respeto a los derechos de la niñez es un asunto de todos. Los gobiernos, la sociedad civil organizada y los ciudadanos debemos de construir la cultura del respeto de los derechos. Se refiere a los valores más elementales de la vida del ser humano: a la equidad, integración, tolerancia, buen trato; en general buscar un ambiente de paz que permita el desarrollo integral de la niñez y construir un país de congruencias y oportunidades en el cual se pueda vivir dignamente.
Durante décadas, la movilidad urbana de Hermosillo se ha construido en torno al automóvil, priorizando la velocidad y el paso libre para los conductores. Este modelo de desarrollo ha culminado en una crisis de seguridad vial: Hermosillo es actualmente la segunda ciudad con mayor cantidad de siniestros viales en México.
La Comisión de Gobierno y Administración Municipal del Congreso del Estado, ha convocado a una serie de foros de consulta sobre una iniciativa que tiene por objetivo, según se señala en el proemio del texto que anda circulando, el proveer de un esquema para contar con servidores públicos competentes, acorde a sus cargos en los 72 municipios del Estado de Sonora.
