SEQUÍA EN SONORA: PEOR, IMPOSIBLE

Juan J. Sánchez Meza

Expresando una mayor preocupación por la sequía que la que, hasta la fecha, ha mostrado la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, los indígenas mayos han anunciado que realizarán la ceremonia Yúkku Conti, a través de la cual elevarán sus oraciones al cielo para atraer las lluvias.

Abriguemos la esperanza de que este ruego indígena corra mejor suerte que aquel que, desde el 8 de diciembre del año pasado, elevara el gobierno del estado de Sonora a la atribulada Directora General de la CONAGUA, quien a la hora de redactar esta nota se ha despedido ya del cargo.

De acuerdo con la maraña de disposiciones normativas que regulan la atención -es un decir- de los fenómenos meteorológicos extremos, en este caso la sequía en Sonora, son los gobiernos locales los que están obligados a solicitar a la CONAGUA tenga a bien corroborar la existencia del “fenómeno natural perturbador”, que es el nombre genérico con el que la burocracia identifica a la sequía.

Aunque usted no lo crea, mucha de la información que los gobiernos locales tienen obligación de enviar a la CONAGUA para demostrar la existencia del fenómeno perturbador, es nada menos que la misma información que genera la propia dependencia, de tal manera que cuando un gobierno estatal concluye sus análisis, estimaciones y mediciones y las envía a la CONAGUA, esta última contesta, si bien le va al Estado, que sí; que es cierto lo que el gobierno del estado dice.

Por otro lado, aunque nadie sabe a ciencia cierta qué entidad sustituyó al fideicomiso  Fondo de Desastres Naturales, FONDEN, recientemente eliminado por el presidente López Obrador, quedaba la esperanza de que otro fideicomiso -el Fondo Minero- pudiera ser la fuente financiera para sufragar las obras hidráulicas emergentes para enfrentar la sequía, particularmente en el caso del municipio de Álamos que es, con mucho, la región más afectada en Sonora. Sin embargo, sucede que el famoso Fondo Minero también desapareció por voluntad presidencial y los recursos con que contaba están ahora radicados en la Secretaría de Economía, donde, hasta la fecha, nadie sabe nada.

Para el más desinformado ciudadano resulta obvio que un fenómeno natural extremo como la sequía no se presenta de un día para otro, lo que debiera permitir, dentro de un enfoque preventivo, la evaluación de indicadores que resulten de un monitoreo constante y un sistema de alerta temprana que permitan la evaluación de la vulnerabilidad de las regiones afectadas y, por ende, de la adopción de las medidas más importantes dirigidas a mitigar los efectos más nocivos del fenómeno.

Por otra parte, dadas las características inevitablemente regionales que presenta el fenómeno de la sequía, sería de esperarse que, bajo el liderazgo de la CONAGUA, esta dependencia aprovechara todos los instrumentos que le brinda la Ley de Aguas Nacionales para instrumentar, con una perspectiva local, el despliegue de toda su capacidad institucional integrando los esfuerzos de autoridades y usuarios locales.

Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos? Un presupuesto de 98 millones de pesos en obras, previstas principalmente para la reposición de pozos; la desaparición de los fideicomisos creados específicamente para atender estos problemas en forma directa, como lo es el FONDEN, así como el fideicomiso Fondo Minero, focalizado desde su origen en la atención de requerimientos propios de los servicios públicos municipales, como el agua potable.

Por si todo ello no fuera suficiente, la CONAGUA ha reconocido, lisa y llanamente, que no cuenta con recursos presupuestales ordinarios o extraordinarios para enfrentar el fenómeno y, aunque usted no lo crea, ha limitado su actuación a la habilitación de una “pipa” con capacidad de 30 mil litros de agua en el municipio de Álamos que, nada más en obras de rehabilitación indispensables, tiene presupuestados 27 millones pesos. Pero eso sí, desde el año 2012 tenemos en nuestra Constitución reconocido el derecho humano al agua y al saneamiento y, por contrapartida, la responsabilidad del Estado Mexicano de garantizar su suministro.

Tome nota, estimado lector, que solo estamos hablando de los requerimientos presupuestales indispensables para la rehabilitación de infraestructura destinada a agua potable en 43 municipios del estado de Sonora y nada se sabe del apoyo a las actividades agrícolas y ganaderas que son las principales demandantes del recurso, especialmente la primera.

¿Quién ejerce en Sonora la autoridad en materia de aguas nacionales? La CONAGUA, a través de su Organismo de Cuenca o Delegación Estatal.

La CONAGUA tiene las facultades para fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable, así como los servicios de riego y otorgar títulos de concesión y vigilar el uso y aprovechamiento del agua, en el entendido de que el uso público urbano tiene prioridad frente a cualquier otro uso, porque así lo dice la Ley.

Por si ello fuera poco, la Ley de Aguas Nacionales creó los Consejos de Cuenca cuya dirección y coordinación recae en la CONAGUA. Estos Consejos fueron creados precisamente para integrar a las autoridades del gobierno federal, estatal y municipales, así como a todos los tipos de usuarios del agua con el propósito de socializar la pluralidad de intereses, demandas y necesidades tendientes a la preservación del recurso, la mejora de la administración del agua y el desarrollo de la infraestructura hidráulica y, desde luego, generar los acuerdos indispensables para enfrentar problemas tan serios como la sequía.

Hasta el día de hoy, los integrantes de ese Consejo de Cuenca no han sido convocados a reunión por la CONAGUA para abordar el grave problema de la sequía. Tal vez después del 6 de junio quede tiempo para eso.

Lic. en Derecho por la Universidad de Sonora, con especialidad en gestión de agua por El Colegio de Sonora, experto en normatividad y políticas públicas en materia de agua, en los ámbitos local y federal. Miembro de la Red Hermosillo ¿Cómo Vamos?